La reciente adhesión de Chile al estándar de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) abrió una nueva etapa: el desafío ya no consiste únicamente en disponer de información, sino en transformarla en datos accesibles, trazables y comprensibles para la ciudadanía y las comunidades.
Ese fue uno de los principales consensos del encuentro realizado en la Universidad Central de Chile por el Centro de Democracia y Opinión Pública (C_DOP), junto con las demás organizaciones de la Mesa Ampliada de la Sociedad Civil de EITI-Chile y con el apoyo del Punto Nacional de Contacto de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales.
La discusión se articuló en torno a tres ámbitos: transparencia fiscal, transparencia socioambiental y transparencia de beneficiarios finales. En todos ellos surgió una preocupación común: la existencia de información no garantiza, por sí sola, que esta pueda utilizarse para comprender cómo se generan y distribuyen los recursos, cuáles son los efectos de las actividades extractivas en los territorios o quiénes ejercen el control efectivo de las empresas.
Tres ámbitos para avanzar hacia una transparencia efectiva
En materia fiscal, el análisis abordó la necesidad de mejorar las metodologías utilizadas para proyectar los ingresos asociados a las industrias extractivas, particularmente ante el creciente peso del litio en las finanzas públicas. También se identificaron dificultades para establecer una relación directa entre los aportes generados por proyectos mineros específicos y los recursos que finalmente se destinan al desarrollo de regiones y municipios.
Entre las barreras analizadas se mencionaron el secreto tributario y la administración centralizada de la recaudación, factores que dificultan seguir el recorrido de los recursos desde su origen hasta su utilización en los territorios. Al mismo tiempo, se destacaron los avances del Consejo Minero en la publicación periódica de los pagos tributarios de sus empresas asociadas, aunque persisten brechas metodológicas para conciliar plenamente las cifras informadas por el sector privado con aquellas provenientes del Estado.
La transparencia socioambiental concentró un segundo ámbito de discusión. El encuentro puso de relieve la necesidad de integrar y homologar bases de datos públicas que actualmente se encuentran dispersas, de manera que las comunidades puedan acceder a información clara sobre los impactos territoriales de las faenas mineras y participar de forma informada en los procesos que las afectan.
En este contexto, se planteó la adopción de los principios del Acuerdo de Escazú para fortalecer los procesos de participación ciudadana durante las distintas etapas de los proyectos y favorecer que las observaciones formuladas por las comunidades reciban respuestas fundamentadas. Desde la industria también se relevaron compromisos vinculados con la reducción del consumo de agua fresca y con la consolidación de espacios de diálogo con capacidad efectiva de incidencia en los territorios.
El tercer ámbito estuvo centrado en los beneficiarios finales, es decir, las personas que ejercen la propiedad o el control efectivo de una empresa. La discusión abordó las posibilidades de avanzar hacia un registro que permita identificar con mayor claridad a estos actores y fortalecer la transparencia y la trazabilidad de la actividad económica.
Los participantes cuestionaron el escaso avance de la tramitación legislativa de esta iniciativa y señalaron que una parte importante de la información necesaria ya se encuentra disponible en instrumentos jurídicos de constitución de sociedades. El análisis apuntó, además, a la necesidad de fortalecer las capacidades tecnológicas y la interoperabilidad entre los organismos competentes para publicar datos oportunamente, resguardando al mismo tiempo la protección de los datos personales.
También se planteó que el avance de esta materia requerirá una discusión legislativa gradual y persistente, considerando las dificultades que podría enfrentar su tramitación.
Como conclusión, el encuentro situó la implementación del estándar EITI como un desafío que va más allá de la apertura formal de datos. La transparencia adquiere valor cuando permite comprender cómo se generan y distribuyen los recursos, cuáles son los impactos de las actividades extractivas y quiénes participan efectivamente de su propiedad y control.
En un escenario marcado por la creciente demanda internacional de minerales críticos para la transición energética, avanzar hacia mayores niveles de transparencia también fue planteado como un factor estratégico para fortalecer la posición de Chile.
Al promover este tipo de espacios de análisis y diálogo, el C_DOP contribuye a una discusión vinculada con la vocación pública y pluralista de la U. Central: generar conocimiento sobre asuntos de interés nacional, favorecer una ciudadanía mejor informada y aportar al fortalecimiento de la vida democrática y al desarrollo responsable del país.
