Francisco Castañeda
Investigador Centro Política Internacional, U. Central
Cuarenta empresarios de las Malvinas llegaron a Punta Arenas a comprar alimentos, vino y materiales de construcción, y Buenos Aires respondió amenazando con sanciones y recordándole a Chile que debe «respetar los tratados». Los isleños solo quieren abastecerse desde Magallanes, como hasta 2010, a la mitad de los 2.000 kilómetros que hoy los separan de Montevideo.
Chile apoya el reclamo argentino de soberanía, y nada de esto lo altera. Pero respaldar un reclamo no significa hacer propias las normas internas de otro país. El decreto argentino 256/2010, que exige permiso a los buques que naveguen hacia las islas, es derecho interno y no obliga a terceros Estados. El Tratado de 1881 garantiza la libre navegación del Estrecho, y la Convención del Mar permite a cualquier barco cruzar la zona económica exclusiva sin pedir permiso.
Buenos Aires invoca la declaración Kast-Milei, pero esta se refiere a no consolidar actividades unilaterales de exploración y explotación de hidrocarburos y pesca. Venderles lechugas, vino o cemento a los isleños no es eso. Estirar ese compromiso al comercio civil convertiría una disputa entre Buenos Aires y Londres en un bloqueo económico contra Magallanes.
Además, hay una doble vara. Las islas se abastecen hoy desde Montevideo y Argentina no le reclama nada a Uruguay, que también apoya su causa. Si lo que se le tolera a Uruguay se le reprocha a Chile, el argumento ya no es jurídico, sino político.
Chile cumple sus tratados en su letra y en su espíritu. Por eso mismo puede exigir que nadie lea en ellos obligaciones que no contienen, ni pretenda decidir desde fuera con quién comercian sus ciudades.