El Dr. Felipe Fernández Ortega y la Dra. Patricia Leal Barros, académicos del Doctorado en Derecho de la Universidad Central de Chile, presentaron investigaciones sobre dos problemas del derecho civil: el abuso patrimonial de las personas mayores y las dificultades que plantea alegar la prescripción en juicio. Sus trabajos se discutieron en las XXII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, organizadas por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica del Norte.
El encuentro se desarrolló entre el 8 y el 10 de octubre de 2026 en Antofagasta y reunió a académicos, profesionales y estudiantes para examinar investigaciones sobre la interpretación y aplicación del derecho civil chileno.
Fernández presentó avances de su investigación sobre el abuso patrimonial de las personas mayores, un problema que plantea desafíos para la protección de sus bienes y derechos. Su participación incorporó esta discusión al intercambio sobre los mecanismos de protección que ofrece el derecho civil.
Por su parte, Leal expuso la ponencia «En cuanto a la prescripción: ¿es necesario establecer el carácter de la obligación que se alega como prescrita?». Su trabajo aborda las formas de alegar la prescripción en juicio y las falencias que identifica en la legislación civil chilena.
El programa contempló 80 ponencias distribuidas en mesas sobre obligaciones, contratos, responsabilidad civil, derechos reales, familia y sucesiones, entre otras materias. La conferencia inaugural estuvo a cargo de Lorenzo Mezzasoma, profesor de la Universidad de Perugia, Italia, quien presentó «El contratante débil en la perspectiva italiana y europea».
Está previsto que los trabajos presentados se reúnan en una obra colectiva de la colección Estudios de Derecho Civil, cuya publicación se proyecta para 2027. Esta edición permitirá ampliar la circulación de las investigaciones discutidas durante las jornadas.
Con estas investigaciones, la Universidad Central aporta al debate sobre la protección patrimonial y la aplicación del derecho civil. La participación de sus académicos permite compartir el conocimiento desarrollado en el Doctorado en Derecho y discutir con especialistas de otras instituciones problemas que afectan el patrimonio de las personas y el ejercicio de sus derechos.
