El 4 de marzo de 2026 se publicó finalmente el reglamento que permite implementar los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial, PROT, instrumento creado en 2018. El mismo mes concluyó el proyecto “El plan regional de ordenamiento territorial como
instrumento de gobernanza climática territorial multinivel” (Fondecyt Regular Nº 1230052 de la ANID), el cual estuvo dirigido por el académico del Centro de Investigaciones Arquitectónicas, Urbanísticas y del Paisaje, CEAUP, Benoît Delooz Brochet, junto al profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Juan Enrique Serrano Moreno, como co-investigador.
Desarrollada desde el campo del derecho comparado —con análisis de experiencias en Chile, Francia y España— la investigación examinó cómo el PROT podría transformarse en una herramienta capaz de articular descentralización, planificación territorial y adaptación climática.
“La planificación regional en Chile es muy débil, casi inexistente. Si bien hay regulación a nivel urbano, cuando sales del sector urbano, en lo rural no hay nada donde esté ordenado para un desarrollo armónico y sustentable”, afirma Delooz.
Un nuevo paradigma territorial
La investigación propone que el PROT evolucione hacia un Plan Regional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial Sustentable, incorporando desde su diseño los instrumentos climáticos exigidos por la Ley Marco de Cambio Climático y las políticas de biodiversidad.
Más allá de sumar normativas, la propuesta busca construir una gobernanza multinivel capaz de coordinar a gobiernos regionales, municipios, servicios sectoriales, actores privados y sociedad civil.
“El principal desafío es armonizar todo. Hay competencias de las regiones, competencias del municipio, competencias del delegado presidencial, pero al lado tienes las Seremis con competencias sectoriales”, explica el investigador.
El estudio advierte que la fragmentación institucional dificulta la gestión territorial y puede transformarse en un obstáculo para enfrentar fenómenos cada vez más frecuentes: inundaciones, incendios, pérdida de biodiversidad o expansión urbana sobre áreas de riesgo.
En ese escenario, la experiencia francesa aparece como una referencia más aplicable que la española. “Francia es un Estado unitario descentralizado como Chile. Hay competencias mejor delimitadas y existen mecanismos más claros de coordinación”, sostiene Delooz.
Humedales urbanos y riesgos de desregular
Uno de los focos más sensibles de la investigación está en la regulación del suelo y la protección de humedales urbanos. En paralelo, parte del debate actual se inclina por reducir trabas regulatorias y agilizar inversiones, pero el estudio advierte sobre los riesgos de debilitar instrumentos de planificación territorial.
“No hay que desregularizar el uso del suelo, al menos no totalmente. También se puede adaptar, pero no se puede liberar de manera total”, señala Delooz.
El investigador vincula directamente esta discusión con desastres recientes. Menciona el caso del edificio Kandinsky en Viña del Mar —emplazado sobre dunas frágiles— y las inundaciones provocadas por la Dana en Valencia en 2024. “Las decisiones que se toman sobre la regulación del suelo tienen impacto sobre los 30 o 40 años que vienen”, advierte.
En este contexto, Delooz propone “comunalizar” los humedales urbanos, tratándolos como bienes comunes urbanos verdes. La idea busca fortalecer la participación ciudadana y entregar herramientas más vinculantes a comunidades y municipios para intervenir en su protección y gestión.
“Si liberalizas el suelo, no proteges las áreas. De esta forma, los beneficios de corto plazo pueden volverse dramáticos en el largo plazo”, agrega.
El rol de los privados y la ciudadanía
Lejos de una visión exclusivamente estatal, la investigación plantea que la transición ecológica requiere incorporar activamente al sector privado y a la sociedad civil en la elaboración de planes territoriales.
“Los privados pueden aportar inversión, expertise y dinamismo”, sostiene Delooz, quien destaca además instrumentos como el derecho real de conservación, vigente en Chile desde 2016, como una vía para involucrar actores privados en la protección de la biodiversidad.
De esta forma, el desafío no es únicamente técnico ni jurídico, sino también democrático: construir procesos participativos capaces de generar legitimidad, prevenir conflictos y fortalecer la seguridad jurídica de las decisiones territoriales.
“Si haces participar a la sociedad civil, los gobiernos y los privados en la elaboración de los planes, fortaleces la seguridad jurídica de cada uno”, concluye el académico.
