Por Viviana Rodríguez La Pietra
Académica de Terapia Ocupacional
Diciembre es reconocido mundialmente como el mes de la discapacidad, principalmente por la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992. Esta fecha busca promover los derechos y el bienestar de estas personas en todos los ámbitos de la sociedad. En Chile, este contexto nos invita a reflexionar sobre la Ley 20.422, vigente desde 2010, que garantiza igualdad de oportunidades e inclusión social desde un enfoque de derechos humanos, reconociendo a las personas con discapacidad como titulares de derechos.
Antes de esta ley, las barreras en educación, empleo y acceso a servicios eran evidentes. Su promulgación marcó un compromiso del Estado por avanzar hacia entornos más inclusivos. La normativa incorpora principios esenciales como Vida Independiente, Accesibilidad y Diseño Universal, Intersectorialidad y Participación y Diálogo Social, además de definir conceptos clave para un lenguaje inclusivo, como “persona con discapacidad” y “discriminación”, evitando ambigüedades y promoviendo respeto.
Para obtener la Credencial de Discapacidad en Chile, el proceso comienza con la calificación de la discapacidad. Esto implica reunir tres informes: biomédico funcional, social y de redes de apoyo, y el de valoración del desempeño en comunidad (IVADEC). Con estos documentos, la persona debe presentar la solicitud ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), que evaluará la información y emitirá una resolución certificando el grado de discapacidad. Una vez inscrita automáticamente en el Registro Nacional de la Discapacidad, se puede solicitar la credencial en el Registro Civil, la cual acredita oficialmente la condición y permite acceder a beneficios y derechos establecidos por la Ley 20.422.
Desde la Terapia Ocupacional, esta ley es una herramienta fundamental para garantizar la participación plena en ocupaciones significativas, aquellas actividades que dan sentido y propósito a la vida. Sin embargo, su impacto depende de que la sociedad la conozca y la aplique. Por ello, es urgente difundir esta información, educar a comunidades y profesionales, y promover acciones que eliminen barreras. La certificación de discapacidad, la inscripción en el Registro Nacional y el acceso a rehabilitación con enfoque comunitario son derechos que muchas personas desconocen.
Invitamos a todos a informarse y compartir esta normativa, disponible en el sitio del Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS). Diciembre no debe ser solo un mes de conmemoración, sino un punto de partida para fortalecer la inclusión y la justicia ocupacional en Chile.