Santiago González Larraín
Exministro de minería 2008-2010
Rector Universidad Central
En noviembre de 2009 se promulgo la ley de Gobierno Corporativo de Codelco que modernizaba, luego de 34 años, la gobernanza de la empresa, sacándola de su dependencia de los ciclos políticos y entregando su administración a un directorio profesional designado a través de mecanismos de trasparencia e idoneidad. Salieron del Directorio los ministros de Minería y Hacienda y el representante de las fuerzas armadas y de orden, siendo reemplazados por cuatro directores profesionales, independientes, seleccionados a través de concursos realizados por Alta Dirección Pública.
En el directorio, conformado por 9 miembros, se mantuvieron dos representantes de los trabajadores y tres directores designados directamente por el presidente de la república. La responsabilidad de la administración recayó en un 100% en el directorio, quien entre otras importantes responsabilidades tiene la de seleccionar al vicepresidente ejecutivo de la Corporación.
Sin duda que este modelo de gobernanza avanzó significativamente en un aspecto muy controvertido a esa fecha, que era el que la empresa debía ser administrada con una visión de largo plazo que excedía con creces la duración de un gobierno y de ese modo alcanzar los niveles de eficiencia de una institución que compite a nivel mundial.
Los problemas actuales de Codelco no deben poner en tela de juicio su Gobierno Corporativo sino mas bien centrarse en las competencias y el desempeño de los que cumplen esa función, de modo que estén en condiciones de cumplir con el mandato que les entrego la ley.
Después de 17 años de dictada la ley debe hacerse una evaluación, pero los resultados dependerán finalmente de las gestión, decisiones y desempeño de las personas seleccionadas por alta dirección publica y por el presidente de la república en cada caso.
Finalmente me quedo con la reflexión del presidente del directorio; Codelco debe centrarse en la productividad ya que su existencia solo tiene sentido si genera los recursos que requiere el país para financiar sus políticas publicas y mejorar la calidad de vida de su población.