La carrera de Psicología de la Universidad Central de Chile realizó la cuarta charla de la novena edición del Seminario Permanente de Psicología Social y Comunitaria. La jornada contó con la exposición de la destacada psicóloga Elizabeth Lira Kornfeld, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2017 y académica de la Universidad Alberto Hurtado, quien presentó la ponencia titulada “Rehabilitación y reparación: análisis de experiencias públicas en Chile con víctimas de violaciones a los derechos humanos”.
Durante la apertura, Gonzalo Soto, académico de la carrera de Psicología, destacó la trayectoria de la investigadora y enmarcó la relevancia de su trabajo en la disciplina: «Quisiera solamente dar tres ideas fuerza de todo lo que representa para nosotros Elizabeth en este tiempo: un legado asociado a la psicología como compromiso social; la responsabilidad de nuestra disciplina frente al sufrimiento humano, la importancia de la historia y del recordar; y cómo ha permitido que la universidad sea un espacio de pensamiento crítico donde la generación del conocimiento está al servicio de la dignidad humana.»
En su intervención, la académica expuso hallazgos derivados de su trabajo en el Núcleo Milenio DataJusta, unidad que investiga la documentación y respuesta estatal frente a tres ejes: trata de personas, femicidios frustrados y víctimas del estallido social.
La académica enfatizó que la violencia constituye una relación social de carácter instrumental con efectos materiales, psicológicos y políticos. En ese marco, analizó cómo la respuesta del Estado suele reducir la reparación a prestaciones sanitarias: «Existe una vinculación muy estrecha en las políticas públicas y en los conceptos que se manejan en el Estado de la importancia de la salud mental, y probablemente la acción de salud sea la acción más importante que puede hacer el Estado en reparación de las víctimas. El riesgo siempre es que sea la única acción que hace el Estado.»
Lira distinguió entre la atención clínica puntual y el concepto de reparación desde los derechos humanos, señalando que este último exige restaurar las condiciones de autonomía del individuo. Como contraste, citó la situación de los afectados por trauma ocular durante el estallido social dentro del programa PACTO, donde el acompañamiento se limitó al ámbito de la salud sin asegurar una inserción social o económica completa.
Un punto central de la ponencia fue la visibilidad de los afectados en los registros oficiales. De acuerdo con la investigadora, la forma en que los organismos públicos recogen la información incide en el reconocimiento formal de la condición de víctima: «Las víctimas se invisibilizan según el modo como se registran. Si se registran como atenciones, lo que registramos son atenciones, no personas ni víctimas. Y si se registran como víctimas, tienen que cumplir una cantidad de requisitos para que el Estado las considere legítimamente víctimas.»
Asimismo, la Premio Nacional advirtió sobre las brechas en la formación universitaria respecto al abordaje de traumas complejos e institucionales en dispositivos de atención primaria como CESFAM, COSAM, el Programa de Apoyo a Víctimas (PAV) o el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG). Planteó la necesidad de revisar los límites de intervenciones breves fijadas por orientaciones técnicas rígidas y de capacitar a los equipos para el trabajo interdisciplinario.
Finalmente, la especialista abordó el desgaste de los equipos profesionales que atienden situaciones de violencia. Señaló que las medidas de cuidado laboral deben ir más allá del esparcimiento informal e incorporar la supervisión continua del impacto emocional del trabajo, previniendo fenómenos como el trauma vicario y el burnout.
