Rafael Pastor Besoain
Decano Facultad de Derecho y Humanidades
La discusión sobre cómo compatibilizar la inteligencia artificial con los derechos de autor ha dejado de ser una cuestión meramente técnica para transformarse en una decisión de política pública. La propuesta dentro de la mega-reforma del gobierno que actualmente se discute en el Senado busca incorporar un mecanismo de opt-out, siguiendo el modelo europeo. En términos simples, ello significa que las obras protegidas podrían ser utilizadas para entrenar sistemas de inteligencia artificial, salvo que su autor manifieste expresamente su oposición. Sin embargo, existe una alternativa más consistente con la protección de la propiedad intelectual y con las enseñanzas de la economía conductual: un sistema de opt-in, donde la regla general sea la prohibición y el uso solo sea posible cuando el titular otorgue su consentimiento.
La diferencia puede parecer menor, pero no lo es. La economía conductual, desarrollada por autores como Richard Thaler y Cass Sunstein, ha demostrado que las personas tienden a aceptar la opción predeterminada (default rule) incluso cuando podrían elegir otra alternativa. La inercia, los costos de información y la procrastinación hacen que el diseño de la regla por defecto determine, en la práctica, el resultado final.
Ese fenómeno se observa en múltiples ámbitos. Las tasas de donación de órganos, la afiliación a planes previsionales o la contratación de seguros cambian radicalmente dependiendo de si el sistema funciona mediante opt-in o opt-out. No porque las preferencias de las personas sean distintas, sino porque la mayoría simplemente mantiene la opción que el legislador estableció como predeterminada.
Aplicado a los derechos de autor, el efecto es evidente. Un sistema de opt-out supone que millones de autores, fotógrafos, periodistas, músicos, ilustradores, académicos y editoriales deberán conocer la existencia del mecanismo, comprender su funcionamiento, adoptar medidas técnicas para ejercerlo y mantenerlas actualizadas. La experiencia demuestra que una parte importante simplemente no lo hará. No porque quiera autorizar el uso de sus obras, sino porque desconocerá el procedimiento o considerará excesivo el costo de ejercer ese derecho.
En consecuencia, el opt-out termina produciendo una autorización masiva por omisión. Desde una perspectiva jurídica, ello resulta difícil de conciliar con el derecho de exclusiva que históricamente ha reconocido el derecho de autor. El consentimiento deja de ser una manifestación positiva de voluntad para convertirse en el resultado del silencio.
Un sistema de opt-in invierte correctamente esa lógica. La utilización de obras protegidas para entrenar modelos de inteligencia artificial solo sería posible cuando el titular manifieste expresamente su autorización. De ese modo, quien realmente quiera poner sus obras a disposición de desarrolladores de IA podrá hacerlo libremente, mientras que quienes prefieran mantener el control sobre ellas conservarán la protección que el derecho de autor siempre les ha reconocido.
Esta alternativa tampoco impide el desarrollo de la inteligencia artificial. Por el contrario, incentiva la creación de mercados de licencias, plataformas de gestión colectiva y mecanismos de negociación que permiten remunerar adecuadamente a los creadores y entregar certeza jurídica a las empresas tecnológicas. La innovación no requiere desproteger los derechos de propiedad, lo que necesita son reglas claras que permitan transarlos eficientemente.
En este sentido, las reglas por defecto nunca son neutrales. En la práctica, moldean el comportamiento de millones de personas. Si el objetivo es respetar verdaderamente la autonomía de los titulares de derechos, el diseño normativo debe partir desde el consentimiento y no desde el silencio. La inteligencia artificial necesita datos para desarrollarse, pero el Estado no debería presumir que toda creación intelectual está disponible para ese fin. Cuando está en juego el derecho de propiedad sobre las obras, la autorización debe ser una decisión consciente del autor y no una consecuencia de su inacción.