Con una amplia convocatoria de autoridades, académicos y profesionales del sistema de justicia, el Magíster en Sistema Penal de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central de Chile, en conjunto con la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público, dio inicio al Ciclo de conversatorios sobre la Ley N° 21.675, normativa clave en materia de violencia de género.
El conversatorio inaugural, titulado “Violencia de género en la Ley 21.675: Categorías conceptuales y desafíos interpretativos”, se centró en el análisis de las distintas formas de violencia reconocidas por la legislación —física, psicológica, sexual, económica, simbólica e institucional, entre otras—, así como en los desafíos que estas categorías presentan para su adecuada interpretación y aplicación en sede judicial.
El panel de conversación estuvo compuesto por la Magistrada Lorena Bruna Machuca, Jueza Preferente del Centro de Medidas Cautelares de Santiago e integrante de la Mesa de Género de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago; la Magistrada Isabel Espinoza Morales, Jueza del 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago; la Fiscal Lorena Morales Sarmiento, Fiscala Jefa de la Fiscalía Local de San Vicente, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins y la Doctora Consuelo Murillo Ávalos, Doctora en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra, Máster en Criminología por las Universidades Pompeu Fabra y Autónoma de Barcelona, y Licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Durante la apertura, el decano de la Facultad de Derecho y Humanidades, Rafael Pastor Besoaín, destacó la relevancia de este ciclo como espacio de diálogo entre la academia y las instituciones. “La temática que nos convoca es muy relevante no solo para el programa de Magíster, sino también para la Facultad y para la carrera de Derecho. El Ministerio Público cumple un rol fundamental en la implementación de esta ley, y estos espacios permiten intercambiar conocimientos, anticipar desafíos y fortalecer su aplicación”, señaló.
Asimismo, subrayó que la Ley 21.675 implica importantes transformaciones para el sistema de justicia, al introducir nuevas formas de violencia, procedimientos y medidas cautelares, además de elevar los estándares de protección en línea con compromisos internacionales en derechos humanos.
Por su parte, la académica Paula Medina, directora del Magíster en Sistema Penal, enfatizó que esta normativa representa un cambio sustantivo en la manera en que el derecho chileno aborda la violencia contra las mujeres. “La ley introduce categorías conceptuales que plantean desafíos significativos para su aplicación práctica. Exige integrar de manera más sistemática la perspectiva de género en la interpretación jurídica, en la valoración de la prueba y en la toma de decisiones”, explicó.
En esa línea, agregó que el ciclo de conversatorios busca precisamente generar un espacio de reflexión crítica frente a estas interrogantes: “¿Cómo interpretar las nuevas categorías? ¿Cómo evitar interpretaciones restrictivas o expansivas? Estas son preguntas clave que requieren del diálogo entre quienes investigan y quienes aplican la ley en la práctica”.
La jornada contó también con la participación de Greta Fuchslocher, directora de la Secretaría de Género, Derechos Humanos y No Discriminación de la Asociación Nacional de Fiscales, quien abordó los desafíos de incorporar una perspectiva de género en la persecución penal. “No basta con aplicar mecánicamente las normas. Es necesario comprender las dinámicas de poder y las barreras que enfrentan las víctimas. La implementación de esta ley exige revisar cómo investigamos, cómo evaluamos la prueba y cómo evitamos reproducir estereotipos”, afirmó.
Fuchslocher destacó además que la Ley 21.675 amplía la comprensión de la violencia de género, reconociendo manifestaciones que históricamente habían sido invisibilizadas, y posiciona a las víctimas en el centro de la respuesta estatal. No obstante, advirtió que el principal desafío radica en su implementación efectiva: “Las leyes adquieren sentido cuando se traducen en prácticas concretas. Para ello, es clave la formación continua y la coordinación interinstitucional”.
El Ciclo de conversatorios continuará desarrollándose durante el año, con el objetivo de profundizar el análisis jurídico y práctico de esta normativa, promoviendo el intercambio de experiencias entre actores del sistema de justicia, la academia y la sociedad civil.
